Un principio fundamental del derecho bancario moderno que a menudo se pasa por alto vuelve a salir a la palestra: en la Unión Europea, el dinero depositado en una cuenta bancaria no pertenece legalmente al depositante, sino que pasa a ser propiedad legal del banco. Este principio no es nuevo. Según las normas financieras de la UE y los códigos civiles nacionales, los depósitos bancarios se estructuran como un contrato de crédito entre el depositante y el banco. Cuando una persona deposita dinero en su cuenta, en realidad está prestando ese dinero al banco. A cambio, el banco se compromete a devolver la misma cantidad -no la misma moneda física- a la vista o en las condiciones acordadas.

Esto significa que los fondos dejan de ser propiedad legal del titular de la cuenta. En su lugar, el depositante se convierte en un acreedor no garantizado del banco con un derecho de reembolso, no con la propiedad de activos específicos. Jurídicamente, esta relación se rige por el derecho contractual, no por el derecho de propiedad.

Esta estructura sustenta todo el sistema bancario de reserva fraccionaria, que permite a los bancos utilizar los depósitos para operaciones de préstamo, inversión y liquidez. Aunque los sistemas de garantía de depósitos (por ejemplo, la protección paneuropea de 100.000 euros de la Directiva sobre sistemas de garantía de depósitos) ofrecen una red de seguridad, esta diferencia tiene graves consecuencias durante las crisis bancarias sistémicas o la insolvencia. En caso de quiebra, los depósitos no asegurados pueden congelarse, cancelarse o convertirse en capital, como se vio durante la crisis bancaria de Chipre en 2013.

Para los inversores, este marco jurídico refuerza la importancia de evaluar el riesgo de contraparte, la solvencia de los bancos y la protección jurisdiccional. Este concepto puede parecer contraintuitivo - "el dinero de mi cuenta no es legalmente mío"-, pero es fundamental para la arquitectura jurídica de la banca moderna. Dado el intenso debate sobre las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC) y la tokenización de los depósitos, es probable que la claridad de los derechos de propiedad de los activos financieros se convierta en una cuestión crítica para los responsables políticos, los inversores y los ciudadanos.

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