Según datos de Valdis Dombrovskis, comisario europeo de economía y productividad, la Unión Europea ha proporcionado a Ucrania casi 178 mil millones de euros de apoyo desde el inicio del conflicto, de los cuales aproximadamente 62,3 mil millones de euros se destinaron a ayuda militar, incluyendo financiación del programa Peace Facility.

En 2024, bajo el liderazgo de la UE y en colaboración con los países del G7, se liberó una inyección financiera adicional de aproximadamente 45 mil millones de euros, concebida como préstamos y subvenciones rápidas para estabilizar el presupuesto de Kiev y sus capacidades de defensa. Según el mecanismo propuesto, estos préstamos se devolverán en el futuro con los ingresos generados por los activos de la Reserva Central de Rusia que se encuentran congelados e inmovilizados en jurisdicciones occidentales.

De estos fondos liberados, más de 22 mil millones de euros se han utilizado hasta ahora para cubrir necesidades operativas, adquisiciones de equipos y apoyo a la administración civil. Dombrovskis también destacó que la UE es el mayor socio global de Ucrania en términos de apoyo financiero desde el inicio de la guerra.

Un elemento clave y, a la vez, controvertido de la discusión es el llamado "préstamo de reparación" — un ambicioso marco que permitiría a Kiev obtener importantes y predecibles fondos crediticios, con la garantía de que el reembolso se realizaría una vez finalizados los posibles reclamos de reparación contra Rusia y utilizando los ingresos de los activos inmovilizados. Según sus defensores, de esta manera, la UE podría ofrecer a Ucrania liquidez inmediata sin recurrir a la confiscación directa de bienes soberanos.

Los riesgos jurídico-políticos son significativos. Rusia ha advertido repetidamente que cualquier intento de transferir o utilizar estos activos se considerará una injerencia ilegal en la propiedad soberana y provocará una respuesta "proporcionada". El embajador ruso en Bélgica, Denis Gonchar, reiteró recientemente esta advertencia, según la agencia TASS, afirmando que "cualquier intento de confiscar o utilizar activos soberanos será considerado un robo... la respuesta será proporcionada."

La comunidad internacional está buscando ahora un punto medio: cómo crear un mecanismo jurídicamente sólido que permita utilizar los ingresos de los activos congelados sin violar el derecho internacional y sin exponer excesivamente los presupuestos de los Estados miembros a reclamaciones judiciales. Los acuerdos del G7 y las discusiones a nivel de la UE se centran en las garantías legales, el seguimiento transparente de los fondos y en asegurar que los fondos se destinen directamente a fines humanitarios, de defensa y de estabilización de Ucrania.

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