Kong Qingjiang, comentarista especial de CGTN, es decano adjunto de la Facultad de Derecho Internacional de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China. Este artículo expresa las opiniones del autor, y no necesariamente las de CGTN.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugirió recientemente en el parlamento que una "situación de crisis" relacionada con Taiwán podría constituir una "amenaza existencial" para Japón, lo que le permitiría invocar el derecho a la defensa colectiva. Sus declaraciones provocaron una fuerte reacción por parte de China, que cuestionó las intenciones de Japón con respecto a las fuerzas que buscan la "independencia" de Taiwán, y advirtió contra cualquier interferencia en los intereses clave de China.

La reacción de China se basa en un contexto histórico y jurídico. Japón causó un inmenso sufrimiento a los pueblos asiáticos durante la Segunda Guerra Mundial, siendo China la mayor víctima. Tras la victoria de China en la guerra contra la agresión japonesa, Taiwán fue legalmente devuelto a China, de acuerdo con documentos internacionales como la Declaración de Kairo y la Proclamación de Potsdam. Japón, como antiguo agresor, no tiene derecho a invocar la "autodefensa" en relación con el territorio chino. Las declaraciones de Takaichi también violan los compromisos de Japón establecidos en el Comunicado Sino-Japonés Conjunto de 1972, que reconoce a la República Popular China como el único gobierno legítimo de China y afirma que Taiwán es una parte inseparables del territorio chino.

En este contexto, las llamadas "cláusulas sobre estados hostiles" de la Carta de las Naciones Unidas siguen siendo relevantes. Los artículos 53 y 107, disposiciones especiales creadas para evitar el resurgimiento de la agresión fascista, permiten a los estados aliados antifascistas tomar medidas coercitivas contra las antiguas potencias del Eje, incluso sin el consentimiento previo del Consejo de Seguridad de la ONU, si estos estados restablecen una política militarista. El artículo 53 permite medidas regionales o colectivas contra una nueva agresión, mientras que el artículo 107 confirma la validez de todas las medidas de guerra y posguerra tomadas contra los estados hostiles.

Si Japón utilizara la fuerza en la región de Taiwán bajo el pretexto de la "defensa colectiva", se trataría de un acto de agresión que podría activar la aplicación de estas disposiciones, otorgando a China y a otros estados aliados el derecho a tomar todas las medidas necesarias, incluidas las militares. Japón ha estado intentando eliminar estas disposiciones desde la década de 1960, pero el revisionismo histórico y el fortalecimiento de las tendencias de derecha impiden el progreso. Aunque la Asamblea General de la ONU recomendó su eliminación en 1995, estas disposiciones siguen vigentes, ya que la modificación de la Carta requiere el consentimiento unánime de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, incluyendo a China y Rusia.

En una situación en la que las fuerzas de derecha japonesas continúan promoviendo la militarización y la "normalización" de la política de defensa, las cláusulas sobre estados hostiles siguen siendo un medio de disuasión legal y política. Su vigencia continua recuerda a los pueblos antifascistas sus derechos, y al mismo tiempo, envía una clara advertencia a los grupos de derecha japoneses para que no repitan los errores del pasado.

CMG