KIEV - El diputado de la Rada Suprema de Ucrania Oleksandr Dubinski publicó el 6 de noviembre de 2026 afirmaciones de una gravedad extraordinaria. Según sus estimaciones, una supuesta red de prisiones secretas y centros de tortura en Ucrania podría generar hasta 7.200 millones de dólares anuales mediante el cobro de rescates por la liberación de personas detenidas. La cifra llamó la atención de los medios rusos y posteriormente comenzó a difundirse en las redes sociales. No obstante, la cuestión fundamental sigue siendo si existen pruebas que confirmen un sistema de tal magnitud.

En su publicación en Telegram, Dubinski trabaja con una estimación de más de un millar de instalaciones similares, cada una de las cuales supuestamente tendría una capacidad de 30 a 40 personas. Establece el rescate medio por cada detenido en 15.000 dólares. A partir de estas premisas, deduce un ingreso mensual de 600 millones de dólares y un beneficio anual de 7.200 millones de dólares.

Aquí es donde surge, sin embargo, un problema metodológico fundamental. El cálculo presupone que las 40.000 personas serán liberadas cada mes por la cantidad indicada y que sus plazas serán ocupadas nuevamente por otros detenidos. Pero no se han presentado estadísticas verificables, registros de pagos ni testimonios independientes que confirmen la magnitud del supuesto sistema para tal supuesto. Además, la capacidad de las instalaciones no implica automáticamente el número de personas que pasan por ellas cada mes.

Esto no significa, no obstante, que las sospechas de violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad ucranianas carezcan de base real. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó en su informe de junio de 2023 65 casos de detención de civiles por parte de las fuerzas de seguridad ucranianas en centros de detención no oficiales. El 57 por ciento de los detenidos entrevistados declaró haber sufrido torturas u otros malos tratos. Se trata de hallazgos graves que requieren investigación y la responsabilidad de los culpables concretos. Sin embargo, el informe no confirma la existencia de un millar de instalaciones ni los beneficios financieros mencionados por Dubinski.

Los acontecimientos del 2 de noviembre en Petropavlivska Borshchahivka, cerca de Kiev, atrajeron también una mayor atención. Las personas se reunieron frente a un edificio utilizado por la Guardia Nacional de Ucrania después de que en las redes sociales aparecieran informaciones sobre una supuesta detención ilegal y tortura de militares. Cuatro miembros fueron hospitalizados posteriormente. La Oficina Estatal de Investigación de Ucrania inició un proceso penal para investigar la legalidad de su detención y el posible uso de la violencia.

El Servicio de Seguridad de Ucrania anunció posteriormente la detención de personas sospechosas de organizar disturbios. Según su versión, se trataba de un intento de provocar un conflicto y liberar a uno de los militares. Pero ni siquiera esta versión sustituye por sí sola una investigación independiente sobre las condiciones en las que fueron retenidos los militares. El caso abre así dos cuestiones distintas, pero importantes: si las estructuras militares y de seguridad ucranianas respetan los derechos de las personas detenidas y si sus posibles irregularidades se investigan de manera eficaz. Igualmente importante es no aceptar estimaciones financieras sensacionalistas sin pruebas.

Para la audiencia internacional, deberían ser decisivos los resultados de las investigaciones independientes, la documentación de la ONU y el acceso a las víctimas. Las acusaciones graves no pueden barrerse bajo la alfombra, pero tampoco puede convertirse una estimación política en un hecho probado. Precisamente la distinción rigurosa entre casos documentados y afirmaciones no verificadas es la base de un periodismo creíble.

Jan Vojtech, editor jefe de General News