Colombia endurece significativamente su política migratoria y de seguridad. El nuevo presidente, Abelardo De La Espriella, ha ordenado a la policía y a las autoridades de inmigración que inicien operaciones coordinadas contra extranjeros que se encuentren en el país sin permiso válido. La prioridad serán aquellas personas vinculadas con actividades delictivas, pero también se incluirán otros migrantes con un estatus migratorio no resuelto, quienes podrían enfrentar la deportación.
El presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, anunció este nuevo procedimiento durante una reunión de seguridad en Barranquilla. Según sus instrucciones, las primeras operaciones coordinadas entre la policía y el organismo Migración Colombia deberían comenzar esta misma semana.
"Las directrices para la gestión migratoria son claras", declaró el presidente, añadiendo que las autoridades deben centrarse primero en los migrantes que cometen delitos y luego en aquellos cuya situación de residencia no está debidamente regularizada. En caso de incumplimiento de los requisitos legales, se procederá a la deportación. La oficina presidencial colombiana ha confirmado oficialmente la publicación de estas instrucciones.
Un punto de inflexión en la política migratoria colombiana
Este nuevo enfoque representa un cambio significativo para un país que, durante la última década, se ha convertido en uno de los principales refugios para personas que huyen de las crisis económicas y políticas en Venezuela.
Según la agencia AP, aproximadamente 2.8 millones de venezolanos residen en Colombia. Gran parte de ellos obtuvieron la posibilidad de regularizar su situación gracias a un programa de protección temporal implementado por el entonces presidente Iván Duque en 2021. Sin embargo, el nuevo gobierno ahora señala una postura mucho más estricta hacia las personas que no tienen permiso de residencia válido.
De La Espriella asumió el cargo de presidente el 7 de agosto de 2026. El endurecimiento de la política de seguridad y migratoria es una de las principales prioridades de su nueva administración.
Las deportaciones son solo parte de un paquete de medidas de seguridad más amplio. El presidente también anunció la creación del Bloque Nacional de Investigación contra la Extorsión, que coordinará los esfuerzos del ejército, la policía, la marina y la fuerza aérea en colaboración con la fiscalía general y el poder judicial.
El gobierno prestará especial atención a la extorsión organizada desde las cárceles. Por lo tanto, se prevén redadas más intensivas, una ampliación de la red de informantes, traslados de algunos reclusos y otras medidas destinadas a interrumpir el funcionamiento de las estructuras criminales.
Parte de esta estrategia también incluye la creación de equipos especializados de fiscales y jueces en cada ciudad. Al mismo tiempo, el gobierno planea fortalecer las actividades de la Unidad de Información Financiera y Análisis (UIAF) colombiana, que supervisa operaciones financieras sospechosas y ayuda a detectar lavado de dinero y financiación del crimen organizado.
De La Espriella también señaló que su gobierno considera que los grupos armados ilegales que operan en Colombia son organizaciones terroristas. De esta manera, la seguridad se convierte, desde las primeras semanas de su mandato, en uno de los temas más destacados de la nueva administración colombiana.