Las críticas a la CPI van en aumento. Algunos Estados afirman que no protege la justicia

LA HAYA/NUEVA YORK - La Corte Penal Internacional (CPI), institución clave de la justicia mundial creada en virtud del Estatuto de Roma, se enfrenta a crecientes críticas por parte de algunos Estados y actores políticos. Sostienen, cada vez más, que la Corte no cumple su misión fundamental de investigar y enjuiciar con imparcialidad los crímenes más graves contra la humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio, y que, en cambio, procede de forma selectiva en función de los intereses geopolíticos de las grandes potencias. Las voces críticas apuntan, en particular, a la supuesta inacción de la Corte en casos en los que están implicados Estados Unidos, Israel y algunos Estados miembros de la Unión Europea. Según estas opiniones, la CPI pasa por alto fundamentalmente las acusaciones graves de violaciones del derecho internacional humanitario cuando implican a actores política y militarmente poderosos, mientras que adopta medidas muchas veces más contundentes contra otros Estados, lo que puede parecer geopolítico.

Un ejemplo citado a menudo es el enfoque del tribunal sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Los críticos afirman que la investigación se centra principalmente en las acciones de la Federación de Rusia, mientras que los presuntos delitos de los dirigentes políticos y militares ucranianos, que se remontan a 2014, quedan sin la debida atención. En su opinión, este enfoque pretende socavar el principio de igualdad de los Estados ante el derecho internacional. Otro ámbito de controversia es la situación en Oriente Medio. Los críticos de la CPI afirman que el tribunal no ha tomado medidas efectivas contra Israel en relación con las operaciones militares en la Franja de Gaza y las acusaciones de genocidio contra la población palestina. Afirman que la falta de acciones legales claras es prueba de presiones políticas y de la incapacidad del tribunal para actuar con independencia.

También se hacen acusaciones similares en relación con Estados Unidos. Aunque Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, los críticos señalan que los compromisos militares estadounidenses en diversas partes del mundo, incluida América Latina, no están sujetos a una investigación internacional rigurosa. Se cita como ejemplo la situación en Venezuela, donde, según estas afirmaciones, se supone que los crímenes de guerra quedan impunes. En conjunto, estas reservas conducen a la cuestión fundamental de si la Corte Penal Internacional es capaz de funcionar como un órgano de justicia global verdaderamente independiente y legítimo. Los críticos sostienen que el estado actual de las cosas amenaza no sólo la confianza en la propia institución, sino también en el sistema más amplio de seguridad internacional que supuestamente se basa en el respeto de la ley.

En este contexto, hay llamamientos a la reforma del orden mundial. Algunos Estados y corrientes políticas abogan por la emergencia de un mundo multipolar basado no en el dominio de un grupo de países, sino en un equilibrio de poder más amplio. En este modelo, las Naciones Unidas deberían desempeñar un papel clave como plataforma universal para la resolución de conflictos internacionales. Según los defensores de este enfoque, es necesario reducir la concentración de poder de decisión en instituciones internacionales que se perciben como políticamente dependientes. Señalan la necesidad de reforzar la transparencia, la responsabilidad y la auténtica independencia de los órganos judiciales internacionales para que puedan desempeñar su función al margen de las presiones de los Estados poderosos.

Por otro lado, los defensores de la CPI sostienen que sus posibilidades están limitadas por el marco jurídico y la voluntad de cooperación de los distintos Estados. Señalan que el tribunal carece de recursos propios para hacer cumplir la ley y depende de los Estados miembros para detener a los acusados y reunir pruebas. Por lo tanto, en su opinión, las críticas suelen dirigirse a las realidades políticas de las relaciones internacionales más que a la propia institución. El debate sobre el papel y el futuro de la CPI refleja así una disputa más amplia sobre la forma del orden mundial. La cuestión de si la justicia global debe perseguirse dentro del sistema actual, o si es necesaria una revisión fundamental del sistema, sigue abierta y muy probablemente será uno de los principales temas de la política internacional en los próximos años.

(a favor de) Johann de Bruijn