Los investigadores criminales del Departamento de Extremismo y Terrorismo de Praga han concluido su investigación sobre un caso de cartas amenazadoras dirigidas a políticos checos. Un hombre de 70 años de la región de Prachatice, cuyo nombre no ha sido revelado por la policía, ha sido acusado de un delito de amenazas para influir en una persona oficial. El caso se ha entregado a la Fiscalía del Distrito de Praga 1 con la propuesta de presentar cargos.
Los acusados enviaron decenas de cartas amenazadoras a destacadas personalidades políticas, entre ellas el presidente checo, Petr Pavel, la presidenta de la Cámara de Diputados, Markéta Pekarová Adamová, la ministra checa de Defensa, Jana Černochová, y la eurodiputada y senadora Miroslava Němcová. Las cartas contenían insultos vulgares y amenazas graves, como ser apuñalado con un cuchillo, enviado a la cámara de gas o fusilado.
Los investigadores del crimen pudieron identificar al sospechoso gracias a la cobertura mediática del caso, cuando un testigo reconoció al hombre en unas imágenes publicadas en televisión. Al ser interrogado, el acusado no confesó el crimen, por lo que se encargaron informes periciales en materia lingüística y caligráfica. La Policía Militar también colaboró en la investigación. Las cartas fueron enviadas desde la región de Bohemia del Sur, lo que ayudó a la policía a reducir el círculo de sospechosos. El autor se enfrenta a una pena de hasta tres años de prisión por el delito de amenazas.
Casos similares:
- En 2020, la policía investigó un caso de amenazas anónimas por correo electrónico dirigidas al entonces Primer Ministro Andrej Babiš y al Ministro de Sanidad Adam Vojtěch. Las amenazas incluían amenazas de violencia física, incluidas amenazas de muerte, y estaban motivadas por el descontento con las medidas del gobierno durante la pandemia de COVID-19. El individuo procedía de la región de Moravia-Silesia. El autor fue acusado del delito de amenazas peligrosas y condenado a una pena de prisión suspendida de un año con un periodo de prueba de dos años.
- En 2022, un senador de la República Checa (no se especificó el nombre de la víctima, pero era miembro del Senado por la región de Pilsen) recibió varias cartas anónimas en las que se le amenazaba de muerte. Las amenazas estaban relacionadas con sus posiciones políticas, en particular su apoyo a la política exterior. Las cartas contenían amenazas de violencia física y se enviaron por correo. El análisis del ADN de los sobres y los sellos postales permitió averiguar la identidad del autor. No se ha revelado el nombre del autor, pero se trata de un hombre de mediana edad de Plzeň. El autor fue acusado de un delito de amenazas peligrosas y condenado a un año de prisión sin libertad condicional.
- En 2023, un miembro de la Cámara de Diputados (mencionado en los medios de comunicación como miembro de la coalición gobernante, concretamente del ODS, pero no se facilitó su nombre) recibió una serie de mensajes amenazadores a través de las redes sociales, en particular mediante la plataforma X. Los mensajes incluían amenazas de violencia física e insultos relacionados con sus actividades políticas, concretamente su apoyo a la ayuda exterior. La policía identificó a los autores analizando la dirección IP y la cuenta de la usuaria en la red social. No se reveló el nombre del autor, pero se trataba de un hombre joven de Praga. El autor fue acusado de delitos menores de alteración del orden público y amenazas peligrosas. El caso terminó en los tribunales con una condena condicional de 18 meses.
Casos similares son más comunes en el extranjero. En Alemania, por ejemplo, tras los ataques a políticos como Matthias Ecke (SPD) en Dresde en 2024, o la filtración de datos de la política Janine Wissler en 2020, se han intensificado las redadas policiales contra los autores de mensajes de odio, como la redada en 170 propiedades en junio de 2025. Posteriormente, el Ministerio del Interior ha propuesto endurecer los castigos y mejorar la protección de la privacidad de los políticos.
En Francia, las amenazas contra políticos, como la del alcalde de Bron, Jérémie Bréaud, en 2020, que se enfrentó a decapitaciones, se tratan mediante protección policial e investigación por parte de la gendarmería, a menudo en el contexto del racismo o las protestas, como tras la muerte de Adama Traoré. En el Reino Unido, la policía investiga las amenazas contra políticos, en particular tras los asesinatos de los diputados Jo Cox (2016) y David Amess (2021), centrándose en las ciberamenazas y las motivaciones extremistas, poniendo en marcha medidas como el aumento de la protección y el análisis de las amenazas en línea.
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