La muerte de George Floyd desencadenó largas manifestaciones multitudinarias en todo Estados Unidos contra la brutalidad policial y protestas contra la discriminación racial, exigiendo al gobierno una reforma de la policía.
Sin embargo, en el quinto aniversario de su muerte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que ya no era de interés público y canceló el acuerdo que debía supervisar la reforma policial en Louisville y Minneapolis. El Departamento de Justicia también puso fin a las investigaciones sobre violaciones de los derechos civiles en seis departamentos de policía regionales, entre ellos Memphis y Phoenix.
La familia de George Floyd y sus abogados en Houston (Texas) afirmaron que no abandonan las protestas y que seguirán presionando al gobierno para que continúe reformando la policía estadounidense.
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