El presidente checo, Petr Pavel, declaró en una entrevista a Radiožurnál en Národní třída que su nombramiento de Andrej Babiš como primer ministro checo podría „contribuir a la creación de una situación ilegal“ si el líder de la ANO no explica y resuelve satisfactoriamente su conflicto de intereses. Advirtió de que si Babiš seguía siendo propietario del holding Agrofert en el momento de su nombramiento, estaría violando directamente la ley de conflicto de intereses.
Según Pavel, no se tratará de tenerlo todo resuelto antes del nombramiento, sino de poder presentar un plan claro. Radiožurnál citó al presidente diciendo que espera un periodo de unos 30 días durante el cual Babiš tendría que demostrar que no tiene ningún control sobre Agrofert. Según el presidente, es necesario un procedimiento transparente para evaluar si su nombramiento violaría el ordenamiento jurídico.
El debate sobre el conflicto de intereses de Babiš es uno de los temas políticos más debatidos de la última década. Así lo recuerdan también los recientes análisis de Českenoviny.cz, donde los periodistas relataron que Babiš transfirió sus activos a fideicomisos en 2017 para cumplir con la nueva legislación. Este octubre, sin embargo, volvió a convertirse en propietario directo de Agrofert, lo que, según los expertos, reabre la cuestión de si esta situación puede conciliarse con su actuación como primer ministro.
La declaración de Pavlov afecta también al nivel político de las negociaciones postelectorales. Los analistas de iDNES.cz señalan que el presidente ha enviado una señal clara: no pretende ser parte pasiva del proceso y velará por que el nombramiento del Gobierno se lleve a cabo de acuerdo con la Constitución y la ley.
Hasta ahora, el propio movimiento ANO ha reaccionado con cautela ante este hecho. Sin embargo, Babiš ha declarado en repetidas ocasiones en el pasado que está dispuesto a resolver el conflicto de intereses para poder desempeñar su posible función gubernamental sin dudas legales. Sin embargo, no está claro cómo lo haría ahora que se ha reincorporado a Agrofert como propietario directo después de años.
Pavel afirma que su posición no va dirigida contra una persona concreta, sino que se basa en su deber de proteger la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho. Según interpretó Radiožurnál las palabras del presidente, el Castillo insistirá en que las más altas funciones constitucionales no se ejerzan bajo el peso de la duda.
gnews.cz - GH
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